Nacho Viñau
EditorAl llegar el momento de la jubilación, son muchas las ventajas que obtienen las personas seniors por el mero hecho de haber cumplido determinada edad. Precios asequibles en los viajes del Imserso, descuentos o incluso la gratuidad en el transporte público o en el acceso a los museos en muchas ciudades...
La idea, en principio, es atractiva y puede parecer incluso justa. Después de toda una vida trabajando y pagando impuestos, es una forma de que la sociedad devuelva ese esfuerzo a las personas que ya están jubiladas.
Pero si escarbamos un poco en el tema, surge la duda. ¿Es ético extender sin excepción la gratuidad o los descuentos en los servicios públicos a todos los ciudadanos que estén jubilados, o debería ser un tema que se ajustara al nivel de renta?
En ciudades como Sevilla, el debate sobre la gratuidad del transporte público para todos los pensionistas ha sido enconado. Desde enero de 2014, todas las personas mayores de 65 años, independientemente de su situación económica o renta o y pensionistas mayores de 60, pueden viajar en transporte público en la capital andaluza, eliminando los requisitos de renta que imperaban hasta ese momento.
Desde los partidos de la oposición, se alertaba en ese momento que con la nueva medida del Ayuntamiento de Sevilla dejarían de pagar el autobús las personas jubiladas que ganan más de 2.500 euros. Y ahí está el debate. ¿Es normal que no paguen billete de autobús, o que puedan entrar gratis a un museo un jubilado que cobra una pensión alta, que tiene un plan de pensión privado, o que tiene rentas de pisos de alquiler?
A fin de cuenta, estamos destinando recursos públicos a personas que no lo necesitan para que disfruten de beneficios que deberían estar limitadas a personas con rentas muy limitadas, como los que cobran pensiones mínimas. "Las ayudas y la gratuidad de los servicios públicos deberían ser proporcionales en función de la renta de cada persona. Es una forma de optimizar los recursos públicos y poder destinar los fondos a quien realmente lo necesita", ha explicado a Trendencias V.A., experto en renta que trabaja en una asesoría zaragozana.
Desde nuestra publicación hemos intentado sin éxito hablar con varias entidades de personas jubiladas para conocer su opinión al respecto. En el caso de la Plataforma de Mayores y Pensionistas PMP declinaron hacer declaraciones, mientras que con la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid y con la Asociación Nacional de Pensionistas y Jubilados de España (Conjupe) fue imposible contactar.
Según la Encuesta Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España, la riqueza ha variado de forma desigual en los últimos años dependiendo de la edades. Mientras que una persona trabajadora ha perdido un 30% de poder adquisitivo, los jóvenes de menos de 35 años lo han hecho en un 56%, mientras que el poder adquisitivo de las personas mayores de 65 años ha aumentado en un 25%. Por supuesto, esto son medias, y no todos los pensionistas cobran lo mismo ni tienen el nivel económico.
Así son las pensiones en España
Según fuentes de La Moncloa, la pensión media de la Seguridad Social se situó el pasado mes de marzo en algo más de 1.502 euros, una cifra algo superior al salario mínimo Interprofesional, situado en 1.184 euros en 14 pagas.
De acuerdo con los datos del mes de enero de la Seguridad Social, un 25% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes. En ese grupo destacan las pensiones de viudedad, cuya media está en los 933 euros al mes.
En el otro lado de la balanza, el 32,75% de los jubilados cobran 2.000 euros o más de pensión al mes en 12 pagas, mientras que entre el 10% y el 15% cobra más de 3.000 euros, acercándose al máximo permitido por la ley, estipulado en 3.267,60 euros mensuales en 14 pagas. La pregunta, en este punto, es evidente... Cobrando 2.500 o 3.000 euros al mes, sin tener en cuenta otras variables como el patrimonio inmobiliario o las rentas, ¿deberían estas personas beneficiarse del dinero público?
Un debate que se extiende a todo el mundo
Este debate no solo se circunscribe a nuestro país. En el New York Times también reflexionaban hace unos días sobre si habría que pensar en retirar los descuentos generalizados para personas mayores. En este diario estadounidense, un lector abría el debate considerando que "cualquier descuento debería basarse en los ingresos, no en la edad. Preferiría que cualquier beneficio fuera a parar a quienes más lo necesitan".
El filósofo y experto en ética de este diario, Kwame Anthony Appiah, defendía por contra esos descuentos o incluso la gratuidad. Al igual que asumimos que la educación primaria y secundaria es gratuita para los niños y jóvenes, independientemente del nivel de renta de sus padres, ¿por qué tratar los descuentos para personas mayores de manera diferente?
Quizás más que preguntarnos si son justos esos descuentos sin atender el nivel de renta, deberíamos buscar soluciones alternativas. En Nueva York hay sistemas de transporte como Long Island Rail Road y Metro-North que ofrecen descuentos para personas mayores con ciertas restricciones sobre los horarios en los que pueden utilizarse, con el fin de alentar a las personas jubiladas que viajen cuando no lo hacen la mayor parte de los viajeros para evitar la saturación.
También hay salas de cine que ofrecen entradas a dos euros para personas mayores, en algunos casos, para llenar sesiones que de otra forma estarían vacíos, al igual que muchas agencias de viajes y centros termales ofrecen precios especiales para jubilados en fechas de baja ocupación. Así, esos descuentos ayudan a las empresas a equilibrar los resultados y llenar butacas y habitaciones que estarían sin ocupar, y también a las personas jubiladas que quizás no estén dentro del umbral de la pobreza, pero que sí que les cuesta llegar a final de mes, o no pueden adaptarse al aumento continuo de los precios.
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